Ciudadanía romana

La ciudadanía es y siempre ha sido una posesión valiosa para cualquier individuo. Cuando se estudia la mayoría de los imperios antiguos se observa que el concepto de ciudadanía no existía, en ninguna de sus formas. Los habitantes de estas sociedades no participaban ni podían participar en los asuntos de su gobierno. Estos gobiernos eran teocráticos o estaban bajo el control de un soberano no elegido, que no respondía ante nadie más que ante sí mismo. No había ningún órgano representativo ni funcionarios elegidos. Los atenienses fueron de las primeras sociedades que tuvieron algo remotamente parecido a nuestro concepto actual de ciudadanía. Luego, los romanos crearon un sistema de gobierno que buscaba la participación de su ciudadanía. Todos los ciudadanos, excluidas las mujeres, participaban plenamente en todas las actividades gubernamentales con todos sus derechos, privilegios y responsabilidades. Cabe señalar que las mujeres romanas eran consideradas ciudadanas, aunque tenían pocos o ningún derecho legal.

La ciudadanía en los inicios de la República

Tras la caída de la antigua monarquía y la fundación de la República, el control del gobierno romano quedó restringido a un puñado de grandes familias: los patricios, palabra derivada de patres o "padres". El resto de los residentes/ciudadanos se llamaban plebeyos, que representaban a los pobres y a muchos de los ricos de la ciudad. Sin embargo, pronto estos plebeyos empezaron a resentir su condición de segunda clase y se sublevaron, exigiendo participar en los asuntos del Estado y ejercer sus derechos como ciudadanos de pleno derecho de Roma. Cuando la amenaza de un paro laboral se hizo realidad, el compromiso resultante (el "Conflicto de los órdenes") dio lugar a la creación del Concilium Plebis o Consejo de la plebe. Este órgano representativo hablaba en nombre de los plebeyos a través de una serie de tribunos elegidos. Promulgaba leyes que, en un principio, afectaban a los plebeyos, pero que acababan siendo vinculantes para todos los ciudadanos, incluidos los patricios.

Durante los primeros tiempos de la República, el gobierno romano se estableció con el objetivo principal de evitar el regreso de un rey. Su autoridad se centraba en una serie de magistrados elegidos (cónsules, pretores, cuestores y ediles), un Senado y una serie de asambleas menores. Este nuevo concepto de ciudadanía, sin embargo, no significaba la plena igualdad. Las diferencias entre patricios y plebeyos seguían existiendo. En el año 450 a.C., la creación de la Ley de las XII Tablas, el primer código de derecho romano, estableció normas que regulaban, entre otras cosas, la relación entre ambas clases. La recompensa de la ciudadanía solo significaba que un individuo vivía bajo el "imperio de la ley" y tenía un interés en su gobierno. Cabe preguntarse por qué existía este deseo de votar o, en otras palabras, de ser un verdadero romano (civitas Romanus sum), esto es, de poder decir, con orgullo, "soy un ciudadano romano".

SPQR

La noción de ciudadanía romana aparece mejor representada en el logotipo (que se ve en documentos, monumentos e incluso en los estandartes de la legión romana) SPQR o Senatus Populus Que Romanus, "el Senado y el Pueblo Romano". El historiador Tom Holland, en su libro Rubicón, escribió que el derecho a votar era un signo de éxito de una persona. Para ser un ciudadano romano un individuo era educado para "templar" sus "instintos competitivos" por el bien del pueblo. Para el romano típico, el concepto de "civitas" significaba que no solo tenía que compartir las alegrías del autogobierno, sino también sufrir junto con sus penas y temores. Incluso los ciudadanos romanos más pobres, los proletarii, seguían estando representados (aunque con poco efecto) en la comitia centuriata.

Aparte del hecho de que las mujeres, a pesar de ser ciudadanas, no participaban en la política de Roma, había una parte aún mayor pero significativa de la población que residía detrás de la muralla de la ciudad y a la que no se le concedían los derechos de ciudadanía: los esclavos. La esclavitud no era rara en el mundo antiguo y existía mucho antes de la República. Se podía encontrar en los imperios de Asiria y Babilonia, así como en Grecia. Al igual que en otras civilizaciones, en Roma, muchos de los esclavos procedían de las conquistas militares. La esclavitud permitía a muchos de los ciudadanos ricos participar en la política del imperio. Los esclavos cumplían diversas funciones. Eran agricultores, mineros, empleados domésticos, animadores e incluso profesores. Sin embargo, a diferencia de los esclavos de Grecia, un esclavo romano vivía en una sociedad única: podía ganar o comprar su libertad o liberti y disfrutar de los beneficios de la ciudadanía, obteniendo riqueza y poder; sus hijos podían incluso ocupar cargos públicos.

El Imperio: la expansión de la ciudadanía

Con el crecimiento de Roma y su deseo de extender sus fronteras más allá de las murallas de la ciudad, el concepto de ciudadanía romana cambió. Este crecimiento suscitó la siguiente pregunta: ¿cómo debían ser tratados estos pueblos recién conquistados? ¿Debían convertirse en ciudadanos romanos? ¿Debían ser considerados como iguales? A pesar de que Roma siempre había sido una ciudad de inmigrantes, la adquisición de la ciudadanía para un residente de Roma era diferente para la persona de fuera de Roma. Como afirmó un historiador, había una diferencia entre conceder la ciudadanía a un individuo que a todo un pueblo. Tras la conquista de los latinos y los samnitas, entraron en juego las cuestiones de "derechos" y "privilegios".

Aunque seguían siendo ciudadanos de sus propias comunidades, estos nuevos aliados querían las mismas libertades que todos los romanos. Aunque recibían muchos beneficios de su posición como aliados, como la protección contra las invasiones, una parte del botín de un compromiso militar y la posibilidad de hacer acuerdos económicos, no se los trataba como verdaderos ciudadanos de la República. Había desventajas: tenían que pagar tributo a Roma y proporcionar soldados, de hecho, en el año 100 a.C. los aliados componían dos tercios del ejército romano. Subsistían en un vago estatus de segunda clase llamado ius Latii. Tenían muchos de los beneficios de un ciudadano, pero sin representación en ninguna de las asambleas de la ciudad. Para ser un ciudadano verdadero e igual, en definitiva, para ser un romano, un individuo necesitaba ejercer su derecho al voto.

En la época de la invasión de Italia por el general cartaginés Aníbal en la Segunda Guerra Púnica (218 - 201 a.C.) se produjeron algunos cambios menores: los residentes de estas comunidades aliadas obtuvieron el derecho de conubium, por el que el hijo de un padre romano y una madre provinciana se consideraba romano; el hijo ya no se consideraba ilegítimo. Un provincial (residente de una de las provincias) podía recibir la ciudadanía por su lealtad o servicio al Estado. Más tarde, hacia el año 150 a.C., los magistrados de estas ciudades latinas o municipia adquirían la ciudadanía romana. Y, finalmente, cualquier latino que se estableciera en la ciudad de Roma podía obtener la ciudadanía.

A medida que Roma adquiría tierras en toda la península, las tensiones seguían creciendo en muchas de las comunidades fuera de Roma. Estos pueblos recién conquistados exigían un cambio en su estatus. Aunque podían casarse con los romanos, hacer contratos y tener libertad de movimiento (civitas sine suffragio o ciudadanía sin voto), seguían exigiendo más. Querían lo mismo que los ciudadanos de la ciudad: optimo iure o ciudadanía con voto. El tribuno Cayo Graco (122 -121 a.C.) hizo una propuesta que habría concedido la plena ciudadanía a todos los aliados italianos. Desgraciadamente, Cayo se enfrentó a la oposición de los aliados más improbables, la nobleza y la plebe, que temían la competencia por los alimentos y los puestos de trabajo. Desgraciadamente, las otras propuestas de reforma de Cayo lo hicieron popular entre algunos, pero enemigo de otros (el Senado romano). Su muerte y el asesinato de 3000 de sus seguidores pusieron fin a su propuesta.

Las guerras sociales

Sin embargo, el cambio se vislumbraba en el horizonte. Las Guerras Sociales, o Guerra de los Aliados, alterarían el estatus de los aliados. Mientras sus compañeros romanos en el Senado hacían nuevos intentos de restringir la ciudadanía de las comunidades aliadas, el tribuno M. Livio Druso proponía concederles una ciudadanía plena e igualitaria. En el año 91 a.C. su asesinato dio inicio a las Guerras Sociales (91 - 89 a.C.), una de las más mortíferas de toda la historia romana. Los etruscos y los umbros amenazaban con separarse. Pronto se produjeron disturbios y malestar (incluso fuera de la península itálica). El Senado dijo al populacho que si estos pueblos se convertían en ciudadanos invadirían la ciudad. Sin embargo, las mentes más calmadas se impusieron y, como resultado, se concedió finalmente la plena ciudadanía a todas las personas (excluidos los esclavos) de toda la península italiana (al menos inicialmente) para aquellos que no se habían levantado en armas contra Roma. Más tarde, Julio César, dictador vitalicio, extendería la ciudadanía más allá de Italia y la concedería a los pueblos de España y la Galia.

La ciudadanía: el dominio de los ricos

La definición de lo que era ser romano estaba cambiando; de hecho, la idea de lo que era "latino" se estaba volviendo, como expresó un historiador, menos étnica y más política. Y, en Roma, surgieron muchas de las viejas cuestiones, como la de cómo debían tratar las instituciones existentes a estos nuevos ciudadanos, que debían aprender lo que era llamarse romano. El historiador Tom Holland dijo que ser ciudadano romano significaba que una persona se daba cuenta de que era verdaderamente libre. Sin embargo, había restricciones en esta nueva ciudadanía. El ciudadano romano, ya sea dentro o fuera de la ciudad, debía dejar de lado el sentido del individuo y centrarse en el bien de la comunidad.

En realidad, la adquisición del derecho de voto por parte de los que estaban fuera de la ciudad tenía poco significado para todos, excepto para los ricos. La pertenencia a las asambleas romanas no se hacía por elección, era una democracia directa. La votación se realizaba por tribus, y todos los ciudadanos eran asignados a una tribu concreta (a menudo basada en la riqueza) donde cada tribu votaba como una sola. Sin embargo, para votar había que presentarse en persona, algo que solo los ricos se podían permitir. Pero la ciudadanía no era eterna. En caso de necesidad, la ciudadanía de un individuo podía ser revocada, condición se reservaba sobre todo a los delincuentes.

Cada cinco años un ciudadano debía registrarse en la Villa Publica para el censo, declarando el nombre de su esposa, el número de hijos y todas sus propiedades y posesiones (incluso se declaraban las ropas y joyas de su esposa). Todo ciudadano romano creía que el gobierno tenía derecho a conocer esta información. Todos estos datos eran revisados y evaluados por los magistrados de la ciudad (censores), que podían "ascender o descender a cada ciudadano según su valía". Tom Holland escribió sobre el valor del censo: "Las clases, las centurias y las tribus, todo lo que permitía situar a un ciudadano entre sus semejantes, se definía con el censo".

Hacia el año 212 d.C., el emperador Marco Aurelio Antonio, más conocido como Caracalla, tomó medidas para convertir a todos los residentes masculinos del imperio en ciudadanos de pleno derecho (las mujeres de estas zonas tenían los mismos derechos que las romanas); propuesta que se denominó Constitutio Antoniniana. Muchos historiadores cuestionan la justificación de este repentino acto benévolo. Algunos creen que necesitaba más ingresos fiscales, y dado que sólo los ciudadanos romanos pagaban un impuesto de sucesión, su propósito era claro. Pero en la práctica, a principios del siglo III d.C., la idea de ciudadanía y el "derecho al voto" eran casi irrelevantes. Los deberes del emperador sustituyeron la función del Senado y de las asambleas y el derecho de voto era casi inexistente. En su lugar, Roma se dividió en dos grupos: los honestiores o la élite y los humilores, la clase baja; aunque en realidad, no había ninguna distinción legal entre las dos clases. La ciudadanía siempre había significado que un individuo tenía un papel en los asuntos del Estado, pero con el asesinato de César y el ascenso al poder de su hijastro Augusto (al que el Senado otorgó el título de primer ciudadano o princeps) el gobierno romano cambió para siempre. La ciudadanía ya no era la preciada posesión que alguna vez había sido.