Contrato social

El contrato social es una idea filosófica que argumenta que en un momento del pasado, real o hipotético, la raza humana ha dejado el estado de naturaleza para formar sociedades, acordando unas mismas normas sociales, qué derechos disfrutarían y cómo serían gobernados. El contrato social pretende mejorar la condición humana estableciendo su autoridad en el consentimiento que protege ciertos derechos y castiga a aquellos que vulneran los derechos de los demás. Aunque algunos filósofos niegan que un evento así haya sucedido, la idea resultó muy atractiva para algunos pensadores, particularmente los de la Ilustración, como modo de justificar la participación de los ciudadanos y promover las ventajas de ciertas formas de gobierno.

El estado de naturaleza

La idea de la humanidad juntándose para formar un contrato social necesita del examen de la naturaleza humana y en qué situación se encontraba la gente antes de llegar a este acuerdo. Este estado presocial se denomina normalmente estado de naturaleza. El contrato social se crea cuando diferentes individuos deciden abandonar el estado de naturaleza y someterse a un autogobierno que les impone ciertas obligaciones a la vez que les otorga ciertos derechos. Los ciudadanos tienen que abandonar algunas libertades individuales para poder disfrutar de otros derechos y seguridad personal.

Aunque ha habido varios filósofos desde la Antigüedad que han considerado esta idea, fueron tres pensadores de la Ilustración en particular quienes hicieron las ideas del estado de naturaleza y el contrato social partes integrales de su filosofía: Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) y Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Puede que estas ideas nunca se hayan llevado a cabo en la practica, pero el estado de naturaleza y el contrato social siguen siendo conceptos útiles para facilitar el debate sobre qué derechos deben conservar los ciudadanos en la sociedad política contemporánea y cómo deben protegerlos los Gobiernos. Las ideas sobre el estado de naturaleza también permiten abordar la cuestión de la naturaleza humana, lo que a su vez influye en el tipo de gobierno que podría ser necesario.

El contrato social de Hobbes

Para Hobbes, los humanos en el estado de naturaleza solo tienen una preocupación, su propia preservación. Hobbes propone que, dado que existe un miedo permanente de ser atacado por otros, los individuos intentan prevenirlo atacando primero. Esta tendencia lleva a un estado de guerra constante o a lo que Hobbes define como «amenaza permanente de violencia». Su visión pesimista de los humanos en el estado de naturaleza se resume en su famosa frase: «La vida del hombre [es] solitaria, miserable, cruel, bestial y breve» (Leviatán, cap. 13). Por lo tanto, los seres humanos se ven obligados a unirse y formar sociedades para evitar esta terrible situación. Los ciudadanos acuerdan establecer un «pacto» entre ellos (no entre ellos y un Gobierno, que es un concepto distinto). Renuncian a su libertad absoluta en el estado de naturaleza para obtener una mayor protección. El pueblo debe cederle su libre albedrío al Estado.

Hobbes creía que el despiadado interés propio de la humanidad exigía una autoridad política muy fuerte, a la que denominó «Leviatán» (en referencia al monstruo marino del Libro de Job de la Biblia) y que fue el título de su obra más famosa, publicada en 1651. Esta autoridad suprema, que Hobbes concibe como un monarca absoluto, actuaría en beneficio de todos y garantizaría que todos acataran las normas de la sociedad. Hobbes creía que un sistema monárquico era mejor que uno basado en la aristocracia o en la democracia. Limita el poder del soberano a los asuntos políticos y jurídicos, ya que no aboga por que este interfiera en otros ámbitos, como las artes. Por lo tanto, incluso para Hobbes existe la esperanza de que la humanidad pueda convivir en relativa paz, sobre todo porque la alternativa es la guerra desenfrenada del estado de naturaleza.

Los críticos de Hobbes señalan que su concepto de la naturaleza humana es muy pesimista y que el estado de naturaleza no es tan malo como el afirma, lo que supone que las instituciones políticas tienen una mayor obligación de conseguir una sociedad justa y segura en la que vivir, una obligación mayor de la que Hobbes proponía. Otros apuntan que todo es una ficción, e incluso hay aquellos escépticos de que, si los humanos son tan interesados como Hobbes afirma, entonces, ¿por qué formarían un contrato social prescindiendo voluntariamente de sus derechos? Hobbes confirma que hay algunos derechos que nunca se dan al poder soberano; por ejemplo, un ciudadano puede negarse a hacerse daño a sí mismo u otorgar testimonio que pueda perjudicarle en un tribunal. A los aristócratas no les gustaba esta idea de Hobbes, puesto que situaba a todo el mundo al mismo nivel social sin importancia a los derechos de nacimiento. Otro grupo crítico eran los cristianos que no aceptaban que las instituciones religiosas no tuvieran derecho a intervenir en política. Finalmente, un conocido filósofo señaló que la vida bajo un gobernante despótico, especialmente como parte de una minoría, no mejoraba mucho más que en el estado de naturaleza. Este crítico era John Locke.

El contrato social de Locke

El filósofo inglés John Locke publicó su libro Dos tratados sobre el gobierno civil en 1689. Locke presentó la idea de que, en el estado de naturaleza, los humanos son capaces de trabajar juntos siguiendo el principio universal de que «nadie debe hacer daño a otro atentando contra su vida, salud, libertad o posesiones» (citado en Popkin, 77). Aunque los humanos son interesados, Locke creía que tenemos un autocontrol innato. También usamos la razón para asegurarnos de que todos trabajamos por el bien común. Locke estaba en desacuerdo con la opinión de Hobbes de que los humanos no tienen derecho a la propiedad en el estado de naturaleza, y por ello insiste en proteger este derecho en el contrato social. Atacar, reducir o quitar la propiedad de una persona era lo mismo que atacar a la persona misma, que es por lo que Locke incluye el derecho a la vida y la libertad dentro del termino «propiedad». Los derechos que se disfrutan en el estado de naturaleza deben garantizarse en el contrato social y nunca se pueden retirar (solo si el bien común está en peligro). Por ello, como todo el mundo tiene los mismos derechos en el estado de naturaleza, todos deben tener los mismos derechos en una sociedad política.

Para Locke, dado que la humanidad crea un contrato social voluntariamente, la función del Gobierno es la de servir al pueblo y no a sí mismo. El pueblo es el que crea los gobiernos, con su consentimiento para proteger sus derechos. Los individuos son más importantes que las instituciones. Locke cree que no hace falta un gobierno tan severo como el ideado por Hobbes. Sostiene que el pueblo debe mandar por la simple razón de que es más improbable que este degenere en un mandato autoritario y despótico que un gobierno con el poder en un solo monarca o en una élite pequeña. Cualquier gobierno que no cumpla su función se puede derrocar de manera legítima y crear un nuevo contrato social. Para evitar el peligro real de que los gobiernos se vuelvan despóticos, debe existir una separación de poderes entre el ejecutivo (el monarca), el legislativo (las cámaras alta y baja del Parlamento) y el federativo (que se ocupa de la política exterior). Un cuarto poder, el judicial, se encarga de castigar a quien infrinja la ley. Un Gobierno debe incentivar el buen comportamiento de sus ciudadanos a través de la educación, fomentando la tendencia natural de las personas a hacer el bien. Locke aboga por la tolerancia de las creencias religiosas (excepto en el caso de los católicos, ya que estos juran lealtad a una potencia extranjera, el papa), porque estas no tienen nada que ver con el papel de cada uno como ciudadano.

Muchas de las ideas de Locke influyeron enormemente en los Padres Fundadores de los Estados Unidos, pero su obra recibió algunas críticas, además de las que también se dirigían a Hobbes, según las cuales el estado de naturaleza y el contrato social no son más que productos de la imaginación. El sistema de Locke tampoco parece proteger a las minorías, lo que significa que estas podrían preferir volver al estado de naturaleza. En cuanto a los derechos, algunos pensadores han señalado que la relación entre los derechos y el bien común no está clara. A veces, estos deben entrar en conflicto (por ejemplo, mi derecho de propiedad a poseer un arma peligrosa que más tarde podría utilizarse indebidamente para infringir el derecho de propiedad de otra persona), por lo que algunos derechos no son absolutos, sino que conllevan condiciones. El debate tendría que centrarse entonces en las condiciones exactas que conllevan algunos derechos.

El contrato social de Rousseau

En su Segundo Discurso, publicado en 1755, Jean-Jacques Rousseau investiga el origen de las desigualdades sociales. Ve el estado de naturaleza como enteramente primitivo, un lugar donde no existe el derecho a la propiedad, ni orgullo, ni envidia, puesto que estos solo llegaron a la humanidad cuando empezaron a formar sociedades. Sugiere que los seres humanos en el estado de naturaleza son libres, iguales y tienen dos instintos básicos: el instinto de supervivencia y la compasión por los demás. A medida que los seres humanos se fueron agrupando en sociedades más sofisticadas, su moralidad decayó. La búsqueda del interés propio y de la riqueza se impuso. La sociedad es corrupta, desigual y está moralmente en bancarrota. Los seres humanos civilizados son infelices, egoístas y carecen de libertad. Todo ello dibuja un panorama bastante sombrío de la humanidad.

Rousseau sí ofrece esperanza. Sus planes para una sociedad más justa se exponen en su libro El contrato social, publicado en 1762. En la sociedad ideal de Rousseau, nadie debería tener que venderse jamás, y ningún rico debería poder comprar a otra persona. Su gobierno ideal debe preocuparse por limitar los excesos de la desigualdad (reconoce que la igualdad absoluta es imposible). Las personas deben reunirse en una comunidad basada en el consentimiento y formar un contrato social entre ellas, cuyo objetivo último es el bien común.

Rousseau cree que un gobierno aristocrático, o más exactamente, elitista (ya que no está de acuerdo con la nobleza hereditaria), es mejor que una monarquía (que puede volverse despótica) o una democracia (que está demasiado afectada por las diferentes facciones). El gobierno ideal de Rousseau no es representativo, puesto que cree que quienes gobiernan deben ser elegidos, pero solo para llevar a cabo tareas administrativas, su función principal. La voluntad general (de una manera que no queda clara) elige lo que es mejor para el Estado en su conjunto, y los gobernantes se limitan a poner en práctica esa voluntad general. De esta manera, Rousseau separa la soberanía del Gobierno.

La idea de una voluntad general es, por tanto, crucial para el contrato social de Rousseau. Las leyes y un Gobierno fuerte son necesarias para guiar la voluntad general del pueblo cuando esta podría equivocarse. Para Rousseau, la voluntad general es el resultado de un compromiso en el que los individuos sacrifican la libertad total para lograr la siguiente mejor opción: una restricción de la libertad para evitar su ausencia total. Entonces, la voluntad general no es simplemente la suma de la voluntad de cada individuo, sino más bien el interés general de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, si se les preguntara qué tasa de impuestos les gustaría pagar, la mayoría de las personas elegirían la menor posible, incluso el 0 %. Sin embargo, esta tasa haría imposible el funcionamiento del Estado, por lo que la voluntad general en este caso es aplicar la mejor tasa impositiva para proporcionar los servicios estatales necesarios. Para Rousseau, la conclusión lógica de este enfoque es que, sea cual sea la voluntad general, esa es la correcta. La consecuencia de esta infalibilidad, como han señalado algunos críticos, es que el Gobierno de Rousseau tiene un poder tremendo, ya que, en efecto, el Estado tiene permitido obligar a las personasa ser libres. Rousseau explica que esto no es tan malo como parece, porque lo que realmente ocurre es que el Estado está educando a sus ciudadanos para que sean autodisciplinados y, por lo tanto, libres. En consecuencia, la segunda función del Gobierno es educar a la población para reducir su tendencia a actuar por interés propio.

Una tercera función del Gobierno es proteger la propiedad, que para Rousseau es una creación desafortunada de la sociedad. La propiedad, tal vez obtenida de forma ilegítima en el estado de naturaleza, ahora está protegida por la ley. Rousseau consideraba que esto era injusto para quienes no tenían propiedades, por lo que el contrato social es mucho más beneficioso para aquellos más ricos de la sociedad. Como Locke, Rousseau señala que si los ciudadanos se ven demasiado perjudicados, tienen derecho a derrocar a su Gobierno, ya que se ha roto el contrato social. El contrato social está, por tanto, lejos de ser perfecto, pero otros filósofos tenían objeciones mucho más serias a la idea misma de dicho contrato.

Legado y críticas

El debate filosófico sobre los derechos que poseía el pueblo en el estado de naturaleza influyó en las ideas sobre cuáles de esos derechos debían ser protegidos por los Gobiernos, como hemos visto. Esto no fue solo en teoría, sino también en la práctica. El ejemplo más claro se encuentra en los Estados Unidos, cuando las 13 colonias británicas declararon su independencia y redactaron su primera constitución propia en 1789. Muchas de las ideas de esta constitución, así como de la Declaración de derechos, se inspiraron en las ideas sobre la libertad y la felicidad introducidas por pensadores como Hobbes, Locke y Rousseau. Otro grupo de revolucionarios influidos por estas nuevas ideas sobre el contrato social y el Gobierno a través del consentimiento fueron los rebeldes de la Revolución francesa (1789-99). La teoría del contrato social ha seguido influyendo enormemente en la teoría política tanto liberal como conservadora.

La idea del contrato social ha sido objeto de serias críticas. Filósofos como David Hume (1711-1776) y Jeremy Bentham (1747-1832) no creían que existiera tal cosa como un estado de naturaleza o un contrato social. Hume señaló:

Casi todos los Gobiernos que existen en la actualidad, o de los que queda algún registro en la historia, se fundaron originalmente por usurpación o por conquista, o ambos, sin pretender un consentimiento justo o una sumisión voluntaria del pueblo.
(Gottlieb, 130)

Otros pensadores como Voltaire (1694-1778), Montesquieu (1689-1757), Giambattista Vico (1668-1744) y Adam Ferguson (1723-1816) han sugerido que la idea del contrato social se ha quedado obsoleta porque los seres humanos no pueden existir fuera de algún tipo de sociedad, cuya forma más básica es la familia. Algunos teóricos del contrato social podrían rebatir que en realidad no están sugiriendo que haya existido nunca un estado de naturaleza, sino que simplemente están utilizando la idea de un contrato social para promover su visión de un tipo de gobierno mejor y más estable. Immanuel Kant (1724-1804) adoptó precisamente este enfoque hipotético del contrato social, señalando que «no debemos suponer en absoluto que este contrato… existe realmente como un hecho… Es… simplemente una idea de la razón, que sin embargo tiene una realidad práctica indudable… [es] la prueba de la legitimidad de toda ley» (Gottlieb, 132).

Hume añadió otras críticas. Primero, que incluso si en algún momento se hubiera redactado un contrato social entre los ciudadanos, esto no significaba que la generación actual estuviera obligada de ninguna manera por dicho acuerdo. Porque, al ser un contrato «tan antiguo y haber sido borrado por mil cambios de gobierno y príncipes, no se puede suponer que conserve hoy en día ninguna autoridad» (Gottlieb, 131). Locke y otros rebatieron afirmando su creencia de que si uno decide permanecer en el Estado en el que ha nacido, entonces da su consentimiento a su gobierno. Adam Smith (1723-1790) señaló que este argumento bastante débil de definir el consentimiento, como no protestar por la ausencia del consentimiento de uno, significa que, si te suben a un barco mientras duermes y luego este zarpa a través del océano, estás dando tu consentimiento para estar allí aunque no haya ningún otro lugar adonde ir. Hume, en cambio, prefiere legitimar las instituciones gubernamentales no imaginando un acuerdo pasado entre los ciudadanos, sino a través del hecho de que han resistido el paso del tiempo para convertirse en convenciones establecidas. Una segunda crítica de Hume con respecto al contrato social es que no creía que un Gobierno fallido justificara que los ciudadanos se rebelaran o lo derrocaran.

La idea del contrato social cayó en desuso en el siglo XIX. Bentham pensaba que distraía por completo de otras formas de examinar el valor de las leyes (en su caso, la felicidad del mayor número era el criterio principal). Friedrich Nietzsche (1844-1900) pensaba que todos los gobernantes se apoderan del poder y nunca se les concede de buen grado. Filósofos como Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) y Karl Marx (1818-1883) consideraban que el estado de naturaleza y, por consiguiente, el contrato social, eran construcciones inútiles, ya que veían la naturaleza humana como un producto de la sociedad, un hecho establecido por la sociobiología. Sin embargo, otros pensadores, en particular John Rawls (1921-2002), han seguido considerando que, al menos la noción hipotética de un contrato social (lo que Rawls denomina la «posición original»), es una herramienta útil para imaginar exactamente qué derechos y sistemas políticos elegiría apoyar un ciudadano imparcial y racional si se le diera a elegir y si no supiera cómo le afectarían personalmente esas leyes. Además, la idea del contrato social sigue siendo útil para abordar las continuas preocupaciones sobre cómo se puede conciliar a ciudadanos con objetivos diferentes dentro de una misma sociedad y cómo se pueden proteger los intereses de los grupos minoritarios cuando puede que la mayoría solo busque protegerse a sí misma.