Cónsul

En el año 509 a.C. tras la salida del último rey de los etruscos, Lucio Tarquinio el Soberbio, a los romanos se les presentó una oportunidad única que, con el tiempo, tendría un impacto inmenso en el resto de Europa durante los siglos venideros: la posibilidad de crear un nuevo Gobierno, una república. A pesar de que la mayoría de los derechos estaban restringidos a una élite de los patricios, este nuevo Gobierno contaría con tres ramas: una Asamblea centuriada, un Senado (cuyo papel se limitaba al asesoramiento) y dos coejecutivos llamados cónsules. La existencia de dos cónsules impedía que un solo individuo abusara del poder ejecutivo. Un cónsul elegido por la asamblea ostentaba el poder de un rey, aunque este estaba limitado por su mandato anual y por la autoridad del otro cónsul. Si bien no se trataba de una democracia en el sentido moderno del término, la República romana parecía tener ciertos rasgos representativos.

Los cónsules se elegían en la Asamblea por medio de unas elecciones especiales. Debían tener al menos 42 años de edad y ser inicialmente patricios, y ejercían su cargo durante un año y no podían ejercerlo de forma consecutiva. Básicamente, un cónsul ejercía como magistrado civil y militar con un poder ejecutivo casi ilimitado, denominado en latín imperium. En la ciudad de Roma, se ejercía el imperium domi, o el poder para mantener el orden y hacer cumplir órdenes, aunque este poder no era absoluto. Los ciudadanos tenían derecho a la provocatio ad populum, es decir, podían apelar la decisión del cónsul. Por lo general, esta apelación solo se realizaba en casos de vida o muerte o cuando el individuo consideraba que el cónsul actuaba de forma selectiva en su contra. Sin embargo, fuera de la ciudad, el cónsul tenía un poder ilimitado en el campo de batalla (imperium militiae), un poder que a menudo se extendía al comandante, lo que le permitía utilizar la fuerza que considerara necesaria.

En la época etrusca, la sociedad romana se dividía en dos clases: las familias aristocráticas o los patricios, que poseían la mayor parte de las tierras, y los plebeyos, que conformaban el resto de la población. Pese a que no todos los plebeyos eran pobres, la ley los excluía de participar en el Gobierno. La falta de derecho al voto significaba que no podían formar parte ni de la asamblea ni del Senado. Con el tiempo, a medida que la ciudad crecía y Roma comenzaba a ampliar sus fronteras, los plebeyos, que estaban agotados de ser considerados de segunda clase, se rebelaron y se declararon en huelga para protestar por la restricción de su participación en el Gobierno. Este suceso se conoce como la primera Secesión de los plebeyos. Los patricios no tuvieron más remedio que hacer ciertos acuerdos mutuos. A los plebeyos se les permitió crear su propia asamblea, llamada Concilium Plebis o Concilio de la Plebe. El Concilio de la Plebe nombraba a sus propios magistrados, llamados tribunos, y tenía el poder de elaborar leyes que afectaban a los plebeyos.

Los patricios, al darse cuenta de la necesidad de contar con la cooperación de los plebeyos, fueron reconociendo gradualmente sus derechos en lo que se conoció como el «Conflicto patricio-plebeyo» o «Conflicto de los órdenes». Sin embargo, como no existía un código legal, los plebeyos temían posibles abusos, por lo que hacia 450 a.C. se promulgó una nueva serie de leyes: las Doce Tablas. Con el paso del tiempo, las diferencias entre ambas clases se fueron reduciendo gradualmente (aunque nunca desaparecieron por completo). En 367 a.C. se aprobó una ley que permitía que un plebeyo fuera elegido cónsul y, al año siguiente, en 366 a.C., se nombró al primer cónsul plebeyo. Más tarde, por ley, al menos uno de los cónsules debía ser plebeyo. Finalmente, en 287 a.C., se aprobó la Ley Hortensia, que estableció que todas las leyes promulgadas por la asamblea plebeya eran de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos.

Los poderes de un cónsul, sin importar que fuese un plebeyo o un patricio, eran los mismos: presidía el Senado, proponía leyes y comandaba el Ejército. Si un cónsul fallecía o dimitía, el otro convocaba elecciones especiales y la persona elegida ocupaba el cargo hasta la finalización del mandato. También se llevaba un registro de cónsules y una crónica oficial de cada mandato, llamada fasti. De hecho, el calendario romano se fechaba con el nombre del cónsul en el poder. El cargo de cónsul solía ser el punto álgido de la carrera de un político romano. Tras dejar el cargo, seguía siendo miembro del Senado y, en la mayoría de los casos, era recompensado por sus servicios y nombrado gobernador de una de las provincias romanas, es decir, procónsul.

Con su toga ligera de lana con un borde de color púrpura (que indicaba su rango), un cónsul siempre iba acompañado de doce asistentes que llevaban el símbolo de su poder, los fasces, y le abrían paso mientras caminaba por las calles de Roma. Poco a poco, muchos de los poderes del cónsul se fueron otorgando a otros cargos, denominados cursus honorum: el censor (censor) se ocupaba del censo; el praetor (pretor), el único otro magistrado con poderes del imperium, impartía justicia en Roma y en las provincias; el quaestor (cuestor) gestionaba los asuntos financieros y el aedile (edil) supervisaba los juegos públicos, el suministro de agua de la ciudad y las calzadas romanas. A menudo, cada uno de estos cargos servía como vía para acceder al consulado.

Por desgracia, la desaparición de la República y el auge del Imperio bajo el reinado de Augusto supondrían el fin del poder del cónsul. Las asambleas perderían su capacidad para promulgar leyes y, por ende, para nombrar a un cónsul. Mientras que el título de cónsul se mantendría, sería el emperador quien lo ostentaría. Este cambio no resta importancia al papel del cónsul durante la República. Roma fue capaz de realizar con éxito la transición de un rey a un magistrado, el cónsul, que gozaba de gran parte de su autoridad. El Gobierno que gobernó Roma durante sus primeros años de construcción del Imperio serviría de modelo para los Gobiernos que surgirían más tarde.