Ley francesa de la separación de la Iglesia y el Estado de 1905

La Ley de Separación de la Iglesia y el Estado de 1905 se promulgó como punto culminante de décadas de conflicto entre monárquicos y republicanos anticlericales que consideraban el cristianismo un obstáculo permanente para el desarrollo social de la República. La ley puso fin al Concordato de 1801 entre Napoleón y el Vaticano, desestableciendo la Iglesia católica y declarando la neutralidad del Estado en materia religiosa.

La lucha religiosa en Francia

Tras la Reforma protestante del siglo XVI, Francia vivió interminables controversias y guerras religiosas. Muchos creían que una sociedad mejor se formaría sobre una base que excluyera la religión y la autoridad divina. El Concordato napoleónico de 1801 con el Vaticano fue un paso hacia la estabilidad social y reconoció la legitimidad de otras expresiones religiosas junto a la Iglesia católica. Aunque ya no había guerras religiosas, pronto surgieron voces que reclamaban el fin del Concordato, la separación de la Iglesia y el Estado y una nación laica basada en principios revolucionarios.

A finales del siglo XIX, la batalla por la secularización de Francia se aceleró y fue necesario dar un paso decisivo. En 1901, la Ley de Asociaciones sometió la autorización de las órdenes católicas de enseñanza al control del Estado. La influencia de la Iglesia católica en la educación se debilitó y se preparó el camino para la Ley de Separación de la Iglesia y el Estado de 1905. La ley de 1905, preparada en un clima apasionado, estuvo precedida por la ruptura de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, que hizo imposible el mantenimiento del statu quo del Concordato. La situación de las instituciones eclesiásticas en toda Francia dio un vuelco. Presentada a menudo como un acuerdo, la ley era un acto de fuerza que anulaba la convención diplomática de 1801. A cambio de una independencia que la Iglesia católica no buscaba, la ley privó a la Iglesia de su patrimonio y eliminó las subvenciones estatales para los salarios ministeriales.

Preludio de la separación

Los acontecimientos del invierno de 1904 contribuyeron a la ruptura de las relaciones entre Francia y la Santa Sede. La ruptura se originó con un viaje a Roma planeado por el presidente Émile Loubet (1838-1929). Había rumores y discusiones sobre si el presidente solicitaría una reunión con el papa Pío X (1835-1914), quien era más tradicional e inflexible que su predecesor, el papa León XIII (1810-1903). En un principio, el presidente manifestó su intención de solicitar una audiencia con el papa. Sin embargo, Pío vinculó cualquier propuesta de visita a la necesidad de discutir la expropiación de tierras vaticanas de 1860 a 1870 por parte del gobierno italiano, que llevó a los sucesivos papas a considerarse prisioneros en el Vaticano. En marzo de 1904, el papa se dirigió a los cardenales en el Vaticano y criticó al gobierno francés. Esto produjo un estancamiento entre Francia y el Vaticano que pronto se vio agravado por el viaje del presidente, que ahora excluía cualquier audiencia con el papa.

El viaje del presidente a Nápoles y Roma (Italia) tuvo lugar en abril de 1904, donde se reunió con el rey Víctor Manuel III (1869-1947). Juntos en el balcón del palacio, respondieron a la aclamación de la multitud. El Vaticano se ofendió por el desaire presidencial e indicó que se presentaría una protesta contra la visita del presidente. Tres semanas después del viaje del presidente Loubet a Italia, Roma envió una carta a los gobiernos extranjeros a través de sus representantes diplomáticos en relación con la visita del presidente francés a Roma. La carta podría haber permanecido como un asunto entre diplomáticos si Jean Jaurès (1859-1914) no hubiera obtenido una copia que publicó en el periódico L'Humanité, el 17 de mayo de 1904. La revelación pública de la carta provocó la retirada del embajador francés de la Santa Sede, el primer gran paso hacia la ruptura de las relaciones diplomáticas. La carta del papa revelaba que consideraba el viaje del presidente francés a Roma y su visita al rey Víctor Manuel III un incidente grave que le había ofendido personalmente. Recordó a sus lectores que los jefes de Estado católicos mantenían vínculos especiales con el papa y que los gobernantes debían tener con él el mismo respeto que con los soberanos de los Estados no católicos.

Las críticas del papa al presidente francés y las acusaciones de hostilidad hacia el Vaticano no quedarían sin respuesta. Jaurès afirmó que la carta era una insolente provocación tanto a Francia como a Italia. En su opinión, el papa no había dudado en acusar a la República Francesa y a su presidente ante otros gobiernos. Esto se consideraba una declaración de guerra del papado a la Italia moderna y a la Revolución. Como consecuencia, Jaurès visualizó la necesidad de romper las relaciones diplomáticas entre Francia y el papado. Declaró que la completa emancipación de Francia, libre por fin de toda interferencia política de la Iglesia, aparecía ahora como una necesidad nacional. Los políticos, en particular los de extrema izquierda, clamaron por la terminación inmediata del Concordato tras la publicación de la carta del papa. El conflicto con el Vaticano puso de manifiesto la incompatibilidad existente entre la Iglesia tradicional y el Estado democrático. Este incidente representó la oportunidad de liberar al Estado de toda influencia religiosa.

El 2 de agosto de 1904, Jean Jaurès publicó un discurso en L'Humanité en el que sostenía que democracia y secularización eran idénticas. Según él, la democracia aseguraba la libertad completa y necesaria para todas las conciencias, creencias y religiones. Sin embargo, ningún dogma religioso podía convertirse en norma y fundamento de la vida social. En su opinión, la democracia no exigía al recién nacido pertenecer a ninguna confesión, no requería a los ciudadanos pertenecer a ninguna religión para garantizar sus derechos y no preguntaba al ciudadano votante a qué religión pertenecía. Concluyó que si la democracia se fundaba al margen de todo sistema religioso, si se guiaba sin ninguna intervención dogmática o sobrenatural, y si sólo esperaba el desarrollo del progreso de la conciencia y de la ciencia, entonces ésta sería laica en su esencia y en sus formas. Un corolario de este razonamiento era que la educación debía constituirse sobre bases laicas. Ese mismo mes, el 15 de agosto, Jaurès publicó un artículo en La Dépêche du Midi en el que sostenía que había llegado el momento de resolver definitivamente los problemas entre la Iglesia y el Estado (Bruley, 153). Por primera vez, se propuso un calendario para una votación sobre la separación a principios de 1905. La separación no se decidiría hasta diciembre de 1905, pero la dirección del gobierno y la urgencia de actuar se hicieron evidentes.

Separación inminente

Un discurso considerado decisivo en el movimiento hacia la separación fue el pronunciado por el presidente del Consejo, Émile Combes (1835-1921), en septiembre de 1904. Declaró que las autoridades religiosas habían hecho trizas el Concordato y que él no tenía intención de enmendarlo. Su concepción del sistema político implicaba la subordinación de todas las instituciones a la supremacía del Estado republicano y laico, es decir, la completa secularización de la sociedad. Combes describe la oposición a la República por parte de monárquicos, bonapartistas, nacionalistas y clericales, estos últimos considerados los más insidiosos y los más temibles. La Ley de Asociaciones de 1901 había sido el primer paso para liberar a la nación del control religioso. Durante el siglo pasado, según Combes, el Estado francés y la Iglesia vivieron bajo un régimen de Concordato que nunca produjo sus efectos naturales y legales y que sólo había sido un instrumento de combate y dominación.

El gobierno francés advirtió al Vaticano de las graves consecuencias de las continuas violaciones del Concordato y le exigió que confirmara si se sometía a las obligaciones del Concordato. Al no recibir respuesta del Vaticano, Combes le informó de la ruptura de relaciones diplomáticas y expresó su deseo de que la separación de la Iglesia y el Estado inaugurara una nueva y duradera era de armonía social, garantizando una auténtica libertad a las comunidades religiosas bajo la soberanía irrefutable del Estado.

Oposición a la separación

El Consejo de Ministros del gobierno adoptó una propuesta preliminar de separación. En respuesta, el teólogo protestante Raoul Allier (1862-1939) escribió una serie de artículos que tuvieron un alto impacto en la formación de la opinión pública y se han convertido en una fuente importante en la historia de la separación. Los protestantes consideraban el proyecto perjudicial para las iglesias protestantes, un proyecto que daría lugar a una nueva oleada de persecuciones. Dos rabinos judíos opinaron sobre el documento propuesto. El rabino Zadoc Kahn (1839-1905) expresó sus reservas sobre el fin del Concordato, temiendo que amenazara la unidad nacional. El rabino J. Lehmann (1843-1917), director del seminario judío, expresó su preocupación por los edificios religiosos y las tradiciones religiosas. Con sólo 100.000 fieles judíos en Francia y los territorios franceses, se transmitió el deseo de seguir viviendo pacíficamente bajo las leyes vigentes como religión minoritaria.

Albert de Mun (1841-1914), un diputado antirrepublicano, se opuso enérgicamente a la separación de la Iglesia y el Estado. Como católico, consideraba que la ley propuesta era contraria a la doctrina de la Iglesia. Como francés, consideraba la ley en absoluta oposición a todas las tradiciones de la antigua nación católica y destinada a conducir a la nación a la decadencia interior y exterior. Se temía que la separación condujera a la persecución de la religión católica, que ya había sufrido el cierre forzoso de las órdenes religiosas de enseñanza. Se preveía una guerra religiosa como consecuencia de la ley y, al final, el Estado y la Iglesia tendrían que promulgar otro tratado. Mientras tanto, Mun exhortó a los católicos a mantenerse firmes y a empezar a prepararse para los sacrificios que exigía una separación descrita como un "espejismo de libertad" (Mun, 64). El obispo de Nancy, Monseñor Turinaz (1838-1918), explicó las razones por las que la Iglesia lucharía contra el proyecto de separación. El obispo temía que el Estado se apoderara de los bienes eclesiásticos sin indemnización. Afirmó que la forma de gobierno le era indiferente y que no culpaba a la República. Su oposición era hacia los decretos gubernamentales y las acciones realizadas en nombre de la República.

Apoyo a la separación

Paul Lafargue (1842-1911), yerno de Karl Marx, apoyó la revocación del Concordato y la propuesta de separación de la Iglesia y el Estado. Creía que la Iglesia se vería afectada tanto en su prestigio como económicamente. Refutó la idea de que los subsidios estatales a las instituciones religiosas y los salarios del clero fueran una deuda de la nación con éste por las confiscaciones de propiedades y posesiones durante la Revolución. Lafargue afirmaba que no era la nación, sino la burguesía la que había desmembrado y arrinconado para sí las tierras de la Iglesia y que la burguesía revolucionaria, al apoderarse de las posesiones del clero, sólo había robado a los ladrones. Describió el cristianismo como una enfermedad constitucional que la burguesía llevaba en la sangre. Lamentó que los revolucionarios de 1789, al calor de la batalla, hubieran presionado demasiado deprisa en su promesa de descristianizar Francia, y que la burguesía saliera victoriosa.

Anatole France (1844-1924) publicó L'Église et la République (La Iglesia y la República) en enero de 1905, en el momento en que el Parlamento iniciaba sus deliberaciones sobre el proyecto de separación. En el capítulo ocho planteaba y respondía afirmativamente a la pregunta: "¿Debe el Estado separarse de la Iglesia?" (France, 91-100). Se argumentaba que el progreso de la civilización en las naciones determinaba una clara distinción entre las esferas civil y religiosa. El Concordato se consideraba un peligro para el Estado. Relató una anécdota de su infancia, cuando le preguntaron por su religión para un censo. Al principio, France respondió que no pertenecía a ninguna religión. El censista le insistió en que eligiera una religión para completar el formulario. Cuando France anunció que era budista, el empleado del censo, perplejo, le respondió que sólo había tres columnas para elegir y que el budismo no estaba entre ellas. Para France, esa respuesta indicaba que el Estado sólo reconocía tres formas de lo divino y consideraba injusto que los ciudadanos tuvieran que subvencionar una religión que no practicaban. En realidad, "debido al Concordato, el Estado laico creía y profesaba la religión católica, apostólica y romana" (99).

Separación votada

Émile Combes dimitió en enero de 1905 y no consiguió llevar a término su proyecto de separación. Se formó un nuevo gobierno bajo Maurice Rouvier (1842-1911) y continuó la marcha hacia la separación. La comisión escuchó muchas opiniones sobre la separación para buscar las soluciones más adecuadas que confirieran todas las libertades e independencia compatibles con los derechos del Estado y la preservación del orden público. Como el Vaticano se oponía a cualquier reforma o modificación del estatuto de la Iglesia católica en Francia, se concedió un poder de acción considerable y a menudo decisivo a los sociólogos, a los judíos y sobre todo a los protestantes, quienes se encontraron al frente de los esfuerzos por luchar en nombre de todas las iglesias y persiguieron la tarea de militar por una ley lo más juiciosa y liberal posible.

El 6 de diciembre de 1905, Combes, ahora senador por Charente-Inférieure, habló en nombre de la izquierda democrática para expresar su decisión de votar a favor de la ley tal y como la recibió de la Cámara, en aras de que la aplicación de la ley entrara en vigor el 1 de enero de 1906. El Senado procedió a la votación y aprobó la ley por 181 a favor y 102 en contra. Hubo una enmienda para modificar el título de la ley, que fue rechazada. Se mantuvo el título original: "Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État" y contenía originalmente 44 artículos. La Ley de Separación fue firmada por el Presidente Loubet el 9 de diciembre de 1905. El artículo primero establecía que la República aseguraba la libertad de conciencia y garantizaba el libre ejercicio de la religión con restricciones únicamente en interés del orden público. El artículo segundo estipulaba que el Estado no reconocía ni subvencionaba ninguna religión, con excepción de los capellanes de las instituciones públicas. Los artículos siguientes trataban de la disposición y distribución de bienes religiosos a las asociaciones y al Estado.

Aunque la Ley de Separación resolvió jurídicamente la cuestión religiosa, ésta no desapareció. La aplicación de la ley creó problemas imprevistos, interpretaciones diversas y no puso fin al contencioso entre la Iglesia católica y el Estado. La mayoría de los ciudadanos franceses seguían siendo católicos romanos, aunque sólo fuera de nombre y por tradición. La ley no se negoció con la Iglesia Católica y se percibió como una medida agresiva contra ella. Los protestantes acogieron con gran satisfacción la Ley de Separación, que los equiparaba jurídicamente a la Iglesia católica.

Conclusión

El siglo XX presentó desafíos a la Ley de Separación, modificaciones a ésta y nuevas leyes para aclarar la de 1905. Tras varios años, la Iglesia Católica aceptó y se adaptó a su nuevo estatus. Ya no había vuelta atrás. La batalla por un Estado laico estaba ganada. La Iglesia católica no volvería a compartir el poder con el Estado. Los soberanos no volverían a gobernar por derecho divino. Dominique de Villepin (1953-), ex Primer Ministro francés (2005-2007), resume la importancia de la Ley de Separación:

El largo camino que condujo a la separación de la Iglesia y el Estado, fluye directamente de la inspiradora filosofía de los derechos del hombre de 1789... Un principio está en el corazón de la ley de 1905: la libertad. La ley estableció una línea directa entre la sociedad secular y los ideales revolucionarios afirmados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ninguna religión prevalecería ya para ejercer influencia alguna en las decisiones del Estado.

(Villepin, 8).