Doctrina Monroe

La Doctrina Monroe, una pieza significativa de la política exterior de los Estados Unidos, fue enunciada por primera vez en 1823 por el presidente James Monroe y esencialmente les advierte a las potencias europeas que no se inmiscuyan en los asuntos del hemisferio occidental, reivindicado por los EE. UU. como su propia esfera de influencia. Al principio, la doctrina fue concebida para hacer oposición al colonialismo europeo mientras que al mismo tiempo reafirmaba a los EE. UU. como una potencia regional en ascenso. Al llegar el siglo XX había tomado un nuevo significado y se utilizó frecuentemente como justificación para «ejercer la vigilancia policial» de América Latina por los EE. UU. Desde sus inicios, la Doctrina Monroe se ha invocado habitualmente para justificar varias posiciones de la política exterior de los EE. UU. y sigue siendo relevante hoy.

Orígenes

A finales de las guerras napoleónicas (1803-1815), una ola de revoluciones barrió América Latina. España había quedado devastada por los ejércitos de Napoleón I (reinó de 1804-1814; 1815) y casi no podía mantener el control de su imperio colonial en el continente americano, una debilidad que lograron explotar los revolucionarios que buscaban libertad. Bajo el liderazgo de hombres tales como Simón Bolívar (1783-1830) y José de San Martín (1778-1850), los revolucionarios rompieron las cadenas del gobierno colonial español y establecieron repúblicas independientes basadas en los ideales del Siglo de las Luces, es decir, de la Ilustración. Pero incluso entonces, con el sabor de la victoria todavía en los labios, era evidente que el dominio que estas repúblicas tenían sobre la independencia era débil en el mejor de los casos. Mientras las potencias europeas se unían y se reconstruían tras la caída de Napoleón, era evidente que no era más que cuestión de tiempo antes de que volvieran sus miradas imperialistas de vuelta a occidente, hacia las colonias perdidas en las Américas.

De hecho, planes para recolonizar el Nuevo Mundo ya se estaban materializando en el Viejo Continente. Austria, Prusia y Rusia (tres de los victoriosos en las guerras contra Napoleón) intentaban limpiar el mundo de los ideales de la Ilustración y restaurar el tipo de monarquía absoluta que había sido el statu quo antes de que la Revolución francesa (1789-1799) hubiera puesto el mundo al revés. Estos imperios formaron una coalición llamada la Santa Alianza y se comprometieron, entre otras cosas, a reintegrar en el trono español a la dinastía Borbón y volver a subyugar a los pueblos latinoamericanos bajo la dominación española. Naturalmente, esto preocupó a las jóvenes repúblicas, que sabían que poco podían hacer para resistir a una incursión europea en sus costas. Afortunadamente, al parecer había dos naciones más fuertes que se oponían a la Santa Alianza y podrían ser capaces de ayudar.

El primero de estos dos aliados potenciales era Gran Bretaña, en aquel entonces la potencia mundial más importante. Al ser una monarquía constitucional, Gran Bretaña se oponía ideológicamente a los imperios absolutistas de la Santa Alianza. Además, los británicos habían pasado años cultivando el mercado lucrativo del comercio en América del Sur y se mostrarían reacios al ver a sus clientes entusiastas cayendo de nuevo bajo el dominio español. Por supuesto, los Estados Unidos eran la otra nación. Al ser otra república fundada bajo los ideales de la Ilustración, los EE. UU. habían obtenido su propia independencia tan solo medio siglo antes y no podrían soportar ver el absolutismo echando raíces en su propio patio trasero. De manera menos altruista, los EE. UU. soñaban con expandir aún más su propio imperio hacia el oeste (un «imperio de libertad», tal como lo expresó Thomas Jefferson en su momento), lo que con el tiempo los pondría en confrontación con Rusia, que había reivindicado por mucho tiempo la costa del Pacífico, y con una Francia posnapoleónica que tenía en la mira su propio regreso a las Américas. Si los EE. UU. no podían prevenir la recolonización europea, bien podrían decirle adiós a sus propios sueños imperialistas.

Considerando que Gran Bretaña y los EE. UU. se oponían a la intervención de la Santa Alianza en América Latina, a ambos les parecía sensato hacer causa común. De hecho, el secretario de Estado para Asuntos Exteriores británico, George Canning, ofreció hacer exactamente eso y propuso que las dos naciones emitieran una declaración conjunta advirtiéndole a la Santa Alianza que se mantuviera fuera del continente americano. Al principio, el presidente estadounidense James Monroe (sirvió de 1817 a 1825) pensó que esto era una buena idea, pero fue disuadido rápidamente por su secretario de Estado John Quincy Adams (1767-1848). Al ser un diplomático sagaz, Adams comprendió que al hacer una declaración conjunta, los EE. UU. serían percibidos simplemente como un socio de menor categoría cumpliendo las órdenes de Gran Bretaña. Pero si los EE. UU. emitieran su propia declaración estarían afirmando su autoridad en el hemisferio occidental y estarían reivindicando su estatus como una potencia en ascenso. Adams escribió: «Sería más… digno declarar explícitamente nuestros principios a Rusia y a Francia que llegar a rastras en la estela del hombre de guerra británico» (citado en Crandall & Crandall). Al final, Monroe estuvo de acuerdo.

La doctrina

El 2 de diciembre de 1823, el presidente Monroe pronunció su discurso anual al Congreso en el cual enunció la doctrina que llevaría, por siempre, su nombre. Las palabras, por supuesto, eran las de Adams, como eran también muchas de las ideas detrás de ellas; de hecho, no estaría tan lejos de lo correcto decir que Adams fue el que escribió la doctrina en la sombra. Definitivamente, la Doctrina Monroe era larga, pero tal como lo explica el historiador Daniel Walker Howe, su esencia puede resumirse en cuatro puntos principales. El primero (y el más importante) es la declaración de que, de aquí en adelante, América del Norte y América del Sur están vedados a la interferencia europea. Monroe dejó claro que los EE. UU. no tolerarían «la futura colonización por parte de ninguna potencia europea» en ningún lugar del continente americano (citado en Howe, página 115).

Segundo, Monroe proclamó que los EE. UU. considerarían cualquier intervención europea como «peligrosa para nuestra paz y seguridad», una amenaza implícita respecto a la acción militar en caso de que la doctrina fuera ignorada (ibidem). El tercer punto era una concesión a Europa, al igual que un regreso a las políticas aislacionistas de George Washington (si los europeos se mantenían fuera de las Américas, Monroe prometió que los EE. UU. no se inmiscuirían en los asuntos de Europa). Monroe dejó claro que esto significaba que los EE. UU. se mantendrían neutrales en las guerras europeas al igual que ante las «preocupaciones internas» de Europa. Para terminar, la doctrina le prohibió a España la transferencia de cualquiera de sus posesiones coloniales existentes a otras potencias europeas. Este último «principio de no transferencia» en realidad no entró en el discurso de Monroe, pero pese a todo era importante para el espíritu de la doctrina. De este modo, Monroe había enunciado la doctrina (si los EE. UU. tenían el poder de respaldar sus palabras y de enfrentarse al poderío de Europa, esto estaba por verse).

Puesta a prueba de la doctrina: siglo XIX

Al principio, la Doctrina Monroe fue celebrada por las frágiles repúblicas de América Latina. De hecho, el héroe revolucionario colombiano Francisco de Paula Santander escribió que «esta política, consoladora a la naturaleza humana, le aseguraría a Colombia un aliado poderoso en caso de que su independencia y libertad estuvieran amenazadas por las potencias aliadas» (citado en Crandall & Crandall). Simón Bolívar también reconoció el valor de la amistad con los EE. UU. (a pesar de su escepticismo) e invitó a los representantes estadounidenses a asistir en 1826 al Congreso Anfictiónico de Panamá, conferencia de las repúblicas americanas. Aún así, la mayoría de los latinoamericanos comprendieron que los EE. UU. no tenían el poder militar para enfrentarse a Europa y consideraron la doctrina como algo poco más que una resolución simbólica.

La primera prueba vendría en 1833 y un tanto irónico, el infractor no era otro que Gran Bretaña. Buques de guerra de la Marina Real británica tomaron el control de las Islas Malvinas (llamadas Falkland Islands en inglés) de Argentina en violación directa de la doctrina, pero los EE. UU., incapaces de impugnar el poder naval británico, no hicieron nada. Entonces, a comienzos de 1838, el Río de la Plata de Argentina fue bloqueado, primero por los franceses, luego por los británicos; de nuevo, los EE. UU. no respondieron. Esto no significaba que los EE. UU. se hubieran olvidado de la Doctrina Monroe (solo que estaban eligiendo cuidadosamente dónde aplicarla). En 1845, el presidente James K. Polk (sirvió de 1845 a 1848) invocó la doctrina en su intento por arrebatar el territorio de Oregón del control británico. Un creyente fervoroso del destino manifiesto, Polk le dio una nueva interpretación a la doctrina. Mientras que esta había sido originalmente concebida solo para mantener a Europa fuera de las Américas, ahora Polk la utilizó como justificación de la expansión de los EE. UU. hacia el oeste.

En 1862, la doctrina enfrentó su prueba más significativa hasta entonces, cuando las fuerzas bajo las órdenes del emperador francés Napoléon III (reinó de 1852 a 1870) invadieron y conquistaron México, estableciendo un gobierno títere. En ese momento, los EE. UU. estaban preocupados con la guerra de Secesión (1861-1864) y no podían hacer nada para oponerse militarmente a este movimiento, pero aún así, la administración Lincoln condenó enérgicamente esta incursión francesa en el Nuevo Mundo. En 1865, después de que la guerra civil había terminado, los EE. UU. enviaron un ejército a la frontera con México para exigir que Francia retirase sus tropas. En parte, a causa de esta presión, en 1867, Napoleón III asintió y evacuó a sus soldados abandonando a su suerte a su gobierno títere (Maximiliano I, el príncipe Habsburgo que Napoleón había instalado como emperador de México, fue entonces capturado por los republicanos mexicanos y ejecutado por un pelotón de fusilamiento). El secretario de Estado estadounidense William H. Seward atribuyó esto a la aplicación exitosa de la doctrina, declarando que la «Doctrina Monroe, que ocho años atrás era solo una teoría, ahora es un hecho irreversible» (citado en Maass, página 154).

Mientras el poder de los EE. UU. aumentaba en la segunda mitad del siglo XIX, su aplicación de la Doctrina Monroe se hacía más audaz. En 1870, el presidente Ulysses S. Grant (sirvió de 1869 a 1877) invocó la doctrina en su intento fallido de anexar la República Dominicana. En 1895, nuevamente fue invocada cuando oficiales estadounidenses intervinieron en una disputa territorial entre Gran Bretaña y Venezuela. Sin embargo fue utilizada de manera más influyente para justificar la guerra hispano-estadounidense de 1898, cuando los EE. UU. se pusieron del lado de los rebeldes en Cuba y entraron en guerra contra España. Esta guerra duró menos de medio año y terminó con la anexión estadounidense de Puerto Rico, Filipinas y Guam, además de que Cuba terminó siendo un protectorado de los EE. UU. Por lo tanto, la doctrina ya no era solo una solemne protesta simbólica, sino un mandato para que los EE. UU. proyectaran su sombra a través de todo el hemisferio occidental.

Corolario de Roosevelt

La manera en que la Doctrina Monroe se aplicaba a los asuntos internacionales experimentó un cambio mayor en los primeros años del siglo XX. El problema comenzó con Venezuela, que le había pedido prestado sumas considerables de dinero a Gran Bretaña, Italia y Alemania, pero que era incapaz de reembolsar su deuda. Frustradas, estas potencias europeas respondieron agresivamente, bloqueando conjuntamente a Venezuela con cañoneras en 1902-1903. Aunque los EE. UU. respondieron haciendo un despliegue de fuerzas navales y ofreciendo mediar, esta nación tuvo poco que ver en la solución de la crisis. De hecho, la tensión de la situación solo disminuyó cuando una corte internacional intervino y dictaminó que Gran Bretaña, Italia y Alemania tenían derecho a trato preferencial en el cobro de las deudas contraídas por Venezuela.

Aunque el conflicto se había resuelto, este desarrollo fue, pese a todo, profundamente preocupante para el presidente estadounidense Theodore Roosevelt (sirvió de 1901 a 1909). La presencia de buques de guerra europeos en aguas americanas y de hecho, el fallo de la corte internacional a favor de Gran Bretaña, Italia y Alemania, amenazaban con minar la influencia de los EE. UU. en el hemisferio occidental. Después de todo, si las potencias europeas podían resolver sus disputas con las naciones de América sin la intervención de los EE. UU., ¿de qué valía la Doctrina Monroe? Roosevelt optó por resolver este problema introduciendo una enmienda nueva a la Doctrina Monroe, la cual enunció en diciembre de 1904, en su discurso anual al Congreso.

Esta enmienda, conocida como el Corolario de Roosevelt, les reiteró a las potencias europeas que no se inmiscuyeran en los asuntos americanos. A cambio, Roosevelt prometió que los EE. UU. actuarían como la «fuerza de policía» internacional en el hemisferio occidental y mantendrían el orden en América Latina. Esto significaba que la próxima vez que una nación de América Latina le debiese dinero a Europa, la responsabilidad de hacerla pagar su deuda recaería sobre los EE. UU. La formulación del corolario era tal que los EE. UU. podían intervenir en cualquier momento que creyeran que una nación de América Latina estaba actuando en violación del derecho internacional. La «infracción brutal», Roosevelt declaró, «o una impotencia que resulte en un relajamiento general de los vínculos de la sociedad civilizadora puede al final requerir la intervención por parte de alguna nación civilizada… Los Estados Unidos», Roosevelt concluyó, «no pueden ignorar este deber» (citado en Leonard, página 789).

El Corolario de Roosevelt, por lo tanto, redefinió fundamentalmente la Doctrina Monroe. En vez de simplemente mantener las potencias europeas fuera de las Américas, ahora los EE. UU. estaban reivindicando todo el hemisferio occidental como su esfera de influencia. De hecho, los EE. UU. tomaron ventaja de este papel proclamándose a sí mismos como el sheriff del continente americano. Las dos décadas posteriores a la enmienda de Roosevelt fueron testigos de la intervención militar directa de los EE. UU. en los asuntos de ocho países: Cuba, República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. Se estacionaron marines estadounidenses a largo plazo en algunas de estas naciones para salvaguardar el cobro de los ingresos aduaneros, a pesar de la fuerte desaprobación y enojo de toda América Latina. Bajo el velo fino de la Doctrina Monroe, ahora los EE. UU. parecían ser incómodamente similares a las potencias imperialistas contra las que habían prometido proteger a América Latina un siglo atrás.

Política del Buen Vecino y Guerra Fría

La ola de intervencionismo estadounidense que el Corolario de Roosevelt desató no amainó sino hasta 1933, durante la presidencia de otro Roosevelt. La Política del Buen Vecino, implementada por el presidente Franklin D. Roosevelt (sirvió de 1933 a 1945; conocido abreviadamente como FDR), siguió el principio de no intervención en los asuntos internos de América Latina. Con la esperanza de demostrar que los EE. UU. eran un «buen vecino» para las naciones situadas al sur de su territorio, FDR buscó crear lazos más fuertes con América Latina y promover nuevas oportunidades económicas y acuerdos comerciales. Es comprensible que las naciones latinoamericanas se mostraran escépticas ante la Política del Buen Vecino, pero, fiel a su palabra, FDR no intervino militarmente en América Latina por el resto de su mandato presidencial. Sin embargo, lo que sí hizo fue invocar la Doctrina Monroe después de que estallara la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) cuando envió tropas para que ocupasen Groenlandia.

La Política del Buen Vecino no vivió mucho tiempo después de la presidencia de FDR. El inicio de la Guerra Fría (1947-1991) fue testigo una vez más de los intentos por parte de los EE. UU. de intervenir en América Latina (solo que, esta vez, el combate se dirigía al espectro del comunismo y no a aquel de la colonización europea). En 1954, el secretario de Estado estadounidense John Foster Dulles invocó la doctrina para advertirle a la Unión Soviética que se quedara fuera de Guatemala. En 1962, el presidente John F. Kennedy (sirvió de 1961 a 1963) hizo referencia a la doctrina durante la crisis de los misiles de Cuba, utilizándola en su razonamiento de por qué a los soviéticos no deberían permitirles instalar misiles nucleares balísticos en Cuba.

Después, aunque la doctrina fue raramente mencionada por su nombre, su espíritu estaba vivito y coleando, pues los EE. UU. continuaban interviniendo (frecuentemente con discreción) en los asuntos internos de América Latina. Lejos de ser una reliquia del pasado, la Doctrina Monroe se ha invocado continuamente durante el siglo XXI también. De hecho, a la fecha de redacción, esta había sido invocada más recientemente por la segunda administración de Trump como justificación de la acción militar de los EE. UU. en Venezuela en enero de 2026.

Conclusión

En términos de la política exterior de los EE. UU., la Doctrina Monroe continua vivia, siempre cambiante para ajustarse a los tiempos. Comenzó fundamentalmente como una declaración simbólica promulgada por el presidente de una potencia de segundo (o tercer) rango, con mucho ruido y pocas nueces. Gradualmente, mientras el poder de los EE. UU. aumentaba, el propósito de la Doctrina Monroe cambió. Al llegar el siglo XX, esta ya no solo protegía a América Latina de la colonización europea, sino que también le daba a los EE. UU. rienda suelta para funcionar como «policía» en el hemisferio occidental como les parezca. Después de 200 años, la doctrina se mantiene como un hito de la política exterior de los EE. UU, susceptible de persistir de alguna manera, figura o forma mientras los EE. UU. sigan siendo una superpotencia global.