La Ley del Azúcar de 1764, también conocida como Ley de Ingresos Americanos, fue aprobada por el Parlamento de Gran Bretaña el 5 de abril de 1764. Su objetivo era combatir el contrabando de melaza en las colonias americanas y recaudar fondos para cubrir los gastos de su defensa. La ley generó descontento y contribuyó a desencadenar la Revolución de las Trece Colonias (en torno a 1765‑1789).

Tras la guerra franco-india (1754‑1763), el Imperio británico pasó a controlar nuevos y vastos territorios coloniales que debía defender. Para reducir los conflictos entre los colonos y los nativos americanos, como la reciente rebelión de Pontiac (1763‑1764), el Parlamento decidió destinar a las colonias un ejército de 10.000 soldados para protegerlas. Sin embargo, el mantenimiento de semejante ejército resultaría costoso y el Parlamento, en ese momento, atravesaba dificultades para hacer frente a una enorme deuda acumulada tras la guerra. Puesto que esas tropas estarían dedicadas a la defensa de las colonias americanas, el primer ministro británico, George Grenville, decidió que los colonos debían contribuir a cubrir los gastos. Con ese fin, ideó la Ley del Azúcar.

La Ley del Azúcar fue una ampliación de la Ley de Melaza de 1733. Si bien redujo el impuesto sobre la melaza de seis a tres peniques por galón, restringió el comercio de otras mercancías valiosas e impuso severas sanciones a quienes fueran condenados por contrabando de melaza. La melaza representaba una parte importante de la economía colonial, especialmente en Nueva Inglaterra, y era un bien valioso en el comercio triangular. Por estas razones, los comerciantes coloniales se opusieron a la Ley del Azúcar. Otros colonos argumentaban que dicha ley vulneraba sus libertades —como el derecho de las colonias americanas a establecer sus propios impuestos—, lo que dio origen al famoso lema «No hay impuestos sin representación». En 1766, la Ley del Azúcar fue finalmente reemplazada, pero el Parlamento siguió imponiendo tributos a las colonias, lo que, sin proponérselo, allanó el camino hacia la Revolución de las Trece Colonias.

En febrero de 1763, cuando la larga y ardua guerra franco-india llegaba a su fin, el Imperio británico cosechó los frutos de la victoria. El derrotado Reino de Francia se vio obligado a ceder a Gran Bretaña el control tanto de Canadá como de todas sus posesiones coloniales al este del río Misisipi, lo que amplió en gran medida el territorio británico en América del Norte. No obstante, el aumento repentino de las posesiones coloniales generó, lógicamente, una nueva serie de problemas que los británicos tendrían que afrontar, en particular en materia de defensa. Con la adquisición de Canadá se incorporaron decenas de miles de súbditos francocanadienses, cuya lealtad era, en el mejor de los casos, dudosa, dado que hasta hacía muy poco habían sido enemigos de Gran Bretaña. La presencia española en Luisiana y al oeste del río Misisipi también era preocupante, ya que se consideraba que los españoles eran incluso menos confiables que los franceses.

Pero lo que más preocupaba a las autoridades británicas eran los conflictos entre los colonos y los nativos americanos desplazados. A medida que más colonos blancos se asentaban en los territorios que Gran Bretaña había conquistado a Francia, comenzaron a enfrentarse, como era de esperar, a los nativos de Norteamérica que habitaban esas tierras. Con la esperanza de contener este derramamiento de sangre, el 7 de octubre de 1763, el rey Jorge III de Gran Bretaña (que reinó de 1760 a 1820) emitió una proclamación real que prohibía a los colonos americanos asentarse en los territorios comprendidos entre los montes Apalaches y el río Misisipi. Pero, por supuesto, esta proclamación fue en gran parte ignorada, ya que un flujo constante de colonos blancos continuó adentrándose en estos territorios. En mayo de 1763, los nativos americanos se sublevaron. Liderados por Pontiac, jefe de los odawas, atacaron asentamientos en Virginia, Maryland y Pensilvania y tomaron todos los fuertes británicos del oeste, excepto el de Detroit. Hacia finales de 1764, las tropas regulares británicas y la milicia americana reprimieron la rebelión de Pontiac, pero esta sirvió para recordar a las autoridades británicas que tendrían que hacer mayores esfuerzos para mantener la paz en las colonias.

Por ello, el primer ministro británico, George Grenville (1712‑1770), decidió enviar un ejército permanente para defender las colonias americanas y frenar la expansión ilegal hacia el oeste. Pero el mantenimiento de semejante ejército sería sin duda costoso, lo cual resultaba incómodo para el Parlamento británico, que había acumulado enormes deudas durante la guerra de los Siete Años. Dado que las tropas serían enviadas a Norteamérica principalmente para defender las colonias, Grenville y sus partidarios consideraban que lo justo era que los colonos americanos cubrieran parte de los gastos. Desde luego, el Parlamento pagaría la mayor parte de las 200.000 libras esterlinas anuales necesarias para mantener veinte batallones (es decir, 10.000 hombres) en América, por lo que muchos funcionarios no imaginaron que pudiera surgir un problema importante.

Con el fin de recaudar fondos, Grenville propuso prorrogar y modificar la Ley de Melaza de 1733, cuya vigencia estaba prevista hasta 1763. Esta ley establecía un impuesto de seis peniques por galón sobre las importaciones de melaza procedentes de territorios no británicos. Este impuesto había sido, por supuesto, poco popular entre los comerciantes coloniales. En lugar de pagar los aranceles correspondientes, muchos consideraban más barato sobornar a los funcionarios de aduanas británicos para que hicieran la vista gorda ante la llegada de cargamentos de melaza de contrabando procedentes de las Indias Occidentales francesas y neerlandesas.

En aquella época, la melaza era un bien importante en las colonias americanas, especialmente en las de Nueva Inglaterra: Massachusetts, Rhode Island, Connecticut y New Hampshire. Los comerciantes americanos compraban la melaza —que se obtenía al cosechar la caña de azúcar y hervirla hasta convertirla en un jarabe oscuro y espeso— a las plantaciones del Caribe. Después, se vendían grandes cantidades a las destilerías de Nueva Inglaterra, donde se utilizaba para producir ron. Este ron luego se enviaba a Europa y a África. En este último destino, a menudo se intercambiaba por esclavos, lo que facilitaba el tristemente célebre comercio triangular. En síntesis, la melaza era importante para la economía colonial. Dado que las Indias Occidentales británicas no producían suficiente melaza para satisfacer la demanda, los comerciantes se veían obligados a recurrir a las plantaciones francesas y neerlandesas y, en última instancia, al contrabando para evitar el impuesto.

Para que la nueva versión del impuesto sobre la melaza resultara más aceptable para los colonos, Grenville redujo a la mitad el gravamen aplicado a la melaza extranjera, de seis a solo tres peniques por galón. Esto generaría una recaudación anual estimada de 78.000 libras esterlinas, que contribuiría de manera significativa al mantenimiento del ejército británico en América. Pero Grenville debía asegurarse de que esos impuestos se recaudaran efectivamente, por lo que decidió adoptar medidas más estrictas contra la corrupción entre los funcionarios de aduanas británicos. En aquel momento, muchos recaudadores de impuestos que debían prestar servicio en las colonias en realidad vivían en Inglaterra y dependían de sus representantes para cobrar sobornos a los comerciantes coloniales. Para poner fin a esta práctica, Grenville emitió un ultimátum: todos los funcionarios de aduanas debían regresar a sus puestos en las colonias o renunciar a sus cargos. Muchos optaron por renunciar, lo que permitió a Grenville cubrir los puestos vacantes con hombres más confiables.

Tras disciplinar a los recaudadores de impuestos británicos, Grenville se dispuso a presentar su nueva Ley del Azúcar ante el Parlamento. La propuesta fue aprobada casi sin oposición y se convirtió en ley el 5 de abril de 1764. Además de reducir el impuesto sobre la melaza no británica a tres peniques por galón, la Ley del Azúcar también exigía que ciertas mercancías solo pudieran enviarse desde las colonias a Gran Bretaña y a ningún otro lugar. Entre ellas se encontraba la madera, uno de los productos de exportación más valiosos de las colonias, así como el hierro y las barbas de ballena. A partir de entonces, se exigía a los comerciantes americanos y a los capitanes de barco que llevaran listas detalladas de sus cargamentos. Esos documentos debían verificarse antes de descargar cualquier mercancía. Si se descubría que un capitán transportaba mercancías de contrabando, los funcionarios de aduanas estaban autorizados a someterlo a juicio ante los tribunales de vicealmirantazgo, en lugar de recurrir a un juicio por jurado en los tribunales coloniales locales. Esto se debía a que los jueces y jurados coloniales solían simpatizar con los contrabandistas, mientras que los tribunales de vicealmirantazgo no contaban con jurados y estaban supervisados por un funcionario designado por la Corona. Una vez condenados, los infractores estaban obligados a pagar multas considerables.

La Ley del Azúcar entró en vigor en uno de los peores momentos posibles. El final de la guerra franco-india había sumido a las colonias en una depresión económica, en parte porque el ejército británico había dejado de comprar suministros de guerra a las empresas americanas. Dado que la aprobación de la Ley del Azúcar coincidió con el inicio de estos problemas financieros, muchos colonos atribuyeron erróneamente la depresión a Grenville y a esa ley. Los comerciantes coloniales también se sintieron frustrados al descubrir que los nuevos funcionarios de aduanas de Grenville eran más difíciles de sobornar que los anteriores. La indignación por la Ley del Azúcar se extendió con rapidez entre los comerciantes coloniales.

Si bien a los comerciantes les resultaba más difícil sobornar a los recaudadores de impuestos de Grenville, esto de ninguna manera puso fin al contrabando de melaza. El historiador Robert Middlekauff ofrece el ejemplo de los comerciantes de Providence, Rhode Island, que, en plena noche, hacían cargar su melaza de contrabando en pequeñas embarcaciones y la transportaban a remo hasta ensenadas previamente designadas cerca de la ciudad. También se podían conseguir documentos de carga falsificados, aunque a un precio elevado. Sin embargo, estas tácticas de contrabando eran arriesgadas. Con frecuencia, los contrabandistas debían cuidarse de los informantes, quienes alertaban a los funcionarios de aduanas sobre estas prácticas ilegales a cambio de una recompensa. Los informantes que eran descubiertos no recibían, precisamente, un buen trato por parte de los demás colonos. Uno de ellos, George Spencer, fue arrestado por orden de un juez de la ciudad de Nueva York, supuestamente por no haber pagado sus deudas. Luego lo pasearon por las calles de la ciudad, mientras una multitud lo abucheaba y le arrojaba barro, antes de encarcelarlo. Solo fue liberado tras prometer abandonar la ciudad y no volver jamás (Middlekauff, 68). Ejemplos como este ilustran cuán importante era el comercio de melaza para los comerciantes coloniales y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para conseguirla al menor precio posible.

Las protestas más radicales contra la autoridad británica tuvieron lugar en Rhode Island, una de las colonias que más dependían del comercio de melaza. En diciembre de 1764, la Armada británica había retenido una embarcación colonial sospechosa de transportar melaza de contrabando. Durante la acalorada discusión que siguió, un tripulante americano atacó al teniente de la Armada con un hacha de hoja ancha, lo que desembocó en una pelea. Varios hombres fueron arrojados por la borda y un marinero americano fue atravesado por la espada del teniente. Una discusión sobre el contrabando de melaza derivó en un incidente aún más dramático. Los funcionarios coloniales ordenaron abrir fuego con cañones contra la goleta St. John, de la Marina Real, mientras salía del puerto de Newport. Si bien con anterioridad se habían desatado peleas violentas entre marineros británicos y americanos, el incidente de la goleta St. John prácticamente no tenía precedentes.

Otro incidente involucró a John Robinson, el recaudador de aduanas de Newport, Rhode Island. Después de que Robinson rechazara un soborno de los comerciantes de Rhode Island, los tribunales locales comenzaron a tratarlo con desdén. Cada vez que Robinson arrestaba a un contrabandista, el juez colonial esperaba a que el recaudador estuviera fuera de la ciudad para juzgar el caso. Dado que Robinson estaba ausente, el acusado quedaba en libertad por falta de pruebas. En 1765, la situación llegó a un punto crítico cuando un alguacil de Rhode Island llegó al extremo de arrestar a Robinson por presuntos daños causados a un balandro mercante que Robinson mismo había incautado bajo la sospecha de que transportaba melaza. El recaudador pasó dos penosos días en prisión, durante los cuales grupos de lugareños se burlaron de él.

Por supuesto, estos incidentes eran casos aislados y muchos comerciantes recurrían a formas de protesta más sutiles. Por ejemplo, contrataban a marineros que la Armada británica esperaba reclutar o se aseguraban de que no hubiera prácticos de puerto disponibles cuando las embarcaciones de la Marina Real ingresaban al puerto (Middlekauff, 70). Aunque estos actos de protesta eran de pequeña escala y las escenas de violencia abierta eran poco frecuentes, presagiaban las protestas de mucha mayor envergadura que estallarían en las colonias en los años siguientes.

Mientras que la mayoría de los comerciantes coloniales protestaban contra la Ley del Azúcar solo en la medida en que afectaba sus bolsillos, otros colonos destacados comenzaron a vislumbrar un panorama más amplio y a percibir un futuro más inquietante. En Gran Bretaña, la institución del Parlamento se había formado en torno a la idea de que el pueblo establecería sus propios impuestos a través de sus representantes. Por lo tanto, la tributación se consideraba un regalo del pueblo al Gobierno. Sin embargo, las colonias americanas no tenían tales representantes en el Parlamento. ¿Por qué, entonces, se les debería imponer un tributo?

Esta cuestión fue planteada por varias figuras americanas destacadas, como James Otis Jr. (1725‑1783), de Boston. En un folleto de 1764, sostuvo que quien tomaba una propiedad sin consentimiento privaba a esa persona de su libertad: «Si pueden quitarme un chelín por cada libra contra mi voluntad, ¿por qué no veinte? Y si es así, ¿por qué no mi libertad o mi vida?» (Schiff, 74). El protegido de Otis, Samuel Adams (1722‑1803), se hizo eco de esta postura y se preguntó si, en caso de que el Parlamento comenzara a imponer tributos sobre el comercio americano, no haría pronto lo mismo con las tierras americanas. En mayo de 1764, Adams planteó la siguiente cuestión: si se imponían tributos a las colonias sin que estuvieran representadas en el Parlamento, ¿no pasarían entonces los colonos de la «condición de súbditos libres a la miserable condición de esclavos tributarios»? (Schiff, 73). Estas ideas, planteadas inicialmente por Otis y Adams —como la tributación sin representación y la idea de verse esclavizados por el Parlamento—, se convertirían en temas recurrentes a medida que las colonias se precipitaban hacia la revolución.

No obstante, por el momento, la revolución y la independencia ni siquiera pasaban por la cabeza de nadie. De hecho, en 1764, estas ideas resultaban impensables incluso para el comerciante colonial más indignado. Lo prioritario en ese momento era derogar la Ley del Azúcar, algo que varios grupos de comerciantes coloniales solicitaron al Parlamento. El gobernador de Rhode Island, quien también era comerciante, redactó una protesta formal contra los nuevos aranceles sobre la melaza, mientras que los comerciantes de la ciudad de Nueva York y de Boston acordaron boicotear las mercancías de lujo fabricadas en Gran Bretaña. Para el invierno de 1765, las legislaturas de nueve de las Trece Colonias habían enviado protestas oficiales al Parlamento; dos colonias, Nueva York y Carolina del Norte, habían llegado al extremo de negar rotundamente al Parlamento el derecho a imponer tributos a las colonias americanas.

Mientras que los americanos más adinerados —entre ellos, comerciantes y funcionarios del gobierno— protestaban vehementemente contra la Ley del Azúcar, el nivel general de la protesta se mantenía bajo y se limitaba, en su mayoría, a Nueva Inglaterra y a algunas de las colonias centrales. Como se señaló con anterioridad, la violencia sí se producía, pero de manera esporádica. Sin embargo, la aprobación de la Ley del Timbre en 1765 provocaría un aumento de las protestas en las Trece Colonias.

La Ley del Azúcar de Grenville permaneció en vigor durante dos años hasta que fue derogada y reemplazada por la Ley de Ingresos de 1766. Esta redujo aún más el impuesto sobre la melaza —a solo un penique por galón—, tanto para la británica como para la extranjera. De esta forma, se puso fin, en la práctica, al problema del contrabando de melaza, pues a partir de ese momento a los comerciantes coloniales les resultaba más barato simplemente pagar el impuesto. No obstante, para entonces la situación era irreversible: la aprobación de la Ley del Timbre en 1765 había intensificado el malestar que los colonos ya habían manifestado contra la Ley del Azúcar. La consigna «No hay impuestos sin representación» se convirtió en un pilar de la Revolución de las Trece Colonias. Por lo tanto, la Ley del Azúcar de 1764 fue uno de los primeros detonantes directos que, a la postre, conducirían a la independencia de los Estados Unidos de América.